La política pública de la infraestructuva vial nacional de Costa Rica (1998-2014) - Vásquez Rodríguez, Jorge Alberto (2019)
Desde los años cincuenta y, hasta el año de 1985, la infraestructura vial nacional en Costa Rica, crecería vertiginosamente, hasta llegar a convertirse en una de las mayores, por kilómetro cuadrado de territorio nacional, entre seis a cuatro veces más grande que la de México y la de los países centroamericanos, encontrándose la mayoría de la red, para ese año, en buen estado. En la Administración Monge Álvarez (1982-1986), el país cambió su estilo nacional de desarrollo, hacia uno, caracterizado por la prevalencia del mercado sobre el Estado, y concordante con ello, se tomaron una serie de medidas, que afectaron negativamente a la red vial nacional; como fueron el desfinanciamiento de la obra vial y la movilidad laboral; que aunado a los problemas institucionales y de gestión que existían, provocaron la desaceleración del crecimiento de la red y su deterioro, ya para el año 1996, únicamente el 9% se encontraría en buen estado. En tan sólo 10 años (1985-1995) se destruyó el activo de mayor valor económico de Costa Rica, que se había construido, principalmente en los anteriores 35 años (1950-1995). Con el propósito de brindar solución al problema público de una red vial nacional deficiente, entre 1998-2014, se reorientaría la política pública de la infraestructura vial nacional, con lo que se constituyó un Fondo Vial Nacional, que se fortaleció con préstamos internacionales, se redefinió las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se creó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), fue así contrató a empresas privadas que se encargaron de labor de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras. A pesar de la reorientación de la política, el problema público de la deficiente red vial nacional, persistió en el periodo. Las causas principales de la deficiente red vial nacional, se encuentran en: la compleja institucionalidad de política, con innumerables normas y actores, estos últimos desarticulados entre sí; en la intervención que se hace desde “lo político”; en una rígida institucionalidad de la gestión del recurso humano de los actores públicos; en un deficiente proceso de planificación; en una gestión pública rígida, y en canales inexistentes para la participación ciudadana.