Tutela del acceso a la justicia en la resolución de conflictos de competencia entre la jurisdicción agraria y contencioso administrativa: Soluciones desde la Teoría del Derecho Público y conforme a un enfoque de Derechos Humanos - Rudín Arguedas, Diego Alejandro (2024)
Ante la diversidad de actuaciones administrativas que ejerce la Administración Pública en el país, por medio del Estado Central y descentralizado, así como por los entes públicos no estatales, son múltiples los supuestos en los que la función administrativa se relaciona a otras disciplinas del Derecho, lo que implica la necesidad de armonización de normativa sustantiva y procesal. Cuando los conflictos jurídicos de los que es parte de la Administración Pública son llevados a sede judicial es lo usual asociar la competencia para el conocimiento de tales controversias a los tribunales de lo contencioso administrativo. No obstante, existen una serie de disposiciones jurídicas, antecedentes jurisprudenciales y posiciones doctrinarias conforme a las cuales sí es posible tramitar tales causas en otras sedes, como la agraria. En el presente trabajo se realiza un análisis general de los supuestos de hecho en los que el Derecho Administrativo traslapa con el Derecho Agrario a efectos de determinar si existe claridad con respecto a la sede competente en cada uno de tales supuestos o no, así como para descubrir las posibilidades de mejora para que dichos conflictos sean atendidos de la mejor manera dentro o fuera de la sede contenciosa. Para ello, se realiza un repaso y valoración a la luz de la realidad actual de conceptos básicos como los siguientes: Derecho Público y Derecho Privado; Competencia y Jurisdicción; Especialización y Acceso a la Justicia, entre otros. La presente investigación es de índole cualitativa y análitica. Parte de varias hipótesis de investigación. En primer término, se ha planteado como hipótesis general que la efectividad del acceso a la justicia podría variar de acuerdo con la sede que se determine competente en un caso concreto, si no se toman las medidas necesarias para evitar esa consecuencia, ya que el proceso agrario y el contencioso administrativo tienen importantes diferencias en su trámite, principios y normativa que los rigen. En segundo término, se planteó como hipótesis que no existe claridad con respecto al alcance de la competencia material de los tribunales competentes en materia de lo contencioso administrativo y agrario, cuando ambas se relacionan. Se parte, asimismo, de que esta situación no ha venido a ser aclarada con el Código Procesal Agrario. Sin embargo, se postula que existen soluciones compatibles con el ordenamiento jurídico-administrativo que permiten solventar las diferencias de acceso a la justicia entre una y otra sede. El objetivo general de la investigación es analizar críticamente cuál es la mejor manera de solventar los conflictos de competencia, entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda, y la Agraria, de cara a la implementación del Código Procesal Agrario, considerando los criterios normativos y jurisprudenciales imperantes de distribución de competencias, de manera tal que las decisiones y lineamientos que se adopten, en sede judicial, no conlleven un detrimento, sino una potenciación de la efectividad del acceso a la justicia de las personas usuarias. Con respecto a la metodología mediante la cual se llevó a cabo el presente trabajo, fue con base en un enfoque cualitativo. De esta forma, se describe el fenómeno objeto de estudio desde el punto de vista de la relevancia de las fuentes consultadas. Para ello, se realizó tanto una investigación documental teórica y jurisprudencial, como un estudio de campo en el que personas experimentadas, que participan en la materia, fueron consultadas sobre algunas de las principales preguntas de investigación. Sus puntos de coincidencia y discrepancia son evidenciados y analizados para valorar las posibles soluciones o respuestas ante los puntos de mejora. Después de verificadas las hipótesis, se plantean diversas alternativas que pueden ser tomadas conjuntamente y sin detrimento del bloque de legalidad. Estas son las siguientes: 1. Posibles mejoras del Código Procesal Agrario, a efectos de propiciar mayor claridad en la distribución de competencias entre ambas sedes, lo que podría generar una mayor seguridad jurídica en la temática, así como una mejor utilización de los recursos y fortalezas de una y otra sede, en los ámbitos de su competencia; 2. Regionalización de los Tribunales de lo Contencioso y Administrativo, a efectos de propiciar su cercanía a las áreas donde se ventilan conflictos propios de las zonas rurales; 3. Capacitación del personal juzgador de lo contencioso administrativo y civil de hacienda, que deba conocer de asuntos relacionados al sector agrario y al desarrollo rural, en principios del proceso agrario y en las particularidades axiológicas, fácticas y normativas del Derecho Agrario Sustantivo y Procesal; 4. Capacitación de personal juzgador agrario en materia de Derecho Administrativo para que pueda conocer, en la mejor manera posible, de las pretensiones que se relacionen a la función administrativa, o bien, al dominio público; 5. Que se permita a la Defensa Pública participar en todo conflicto contencioso-agrario, sin necesidad de reformas legales, siempre y cuando se verifique, con parámetros objetivos, la necesidad del recurso, partiendo del perfil socioeconómico de la persona usuaria; 6. Adaptación de criterios jurisprudenciales de competencia a las necesidades de las personas usuarias más que a dogmas teórico-jurídicos que no necesariamente dan la respuesta más adecuada a la demanda de un servicio de justicia accesible y oportuno. En este planteamiento, se consideran herramientas del Derecho Público, como variables independientes, en el sentido de que su adecuada utilización puede llevar a una mayor satisfacción del acceso a la justicia, que sigue siendo la variable dependiente principal de la investigación. Los hallazgos de investigación suministran dos importantes herramientas para la academia y la praxis judicial: 1. Una serie de propuestas de mejora al estado actual de la cuestión – en sus dimensiones normativa, jurisdiccional y administrativa -, a efectos de que sean consideradas de cara a la implementación del Código Procesal Agrario, así como para brindar mayor seguridad jurídica e igualdad a las personas usuarias de la justicia. Principalmente, se contempla un replanteamiento del tema, a nivel judicial, tanto a nivel jurisdiccional como administrativo. En el primer caso, se propone que los criterios para radicar la competencia no deben basarse, preponderantemente, en nociones meramente teóricas, ajenas a la realidad, sino antes, en la medida de lo posible, en la efectividad del acceso a la justicia, como valor fundamental del Derecho Procesal, que es una rama, precisamente, del Derecho Público. A nivel administrativo, se han detectado posibles medidas organizativas que, contribuirían a solventar el problema; principalmente, la posibilidad de participación de la defensa pública en asuntos agrarios que se radiquen en los Tribunales Contencioso Administrativos, así como la extrapolación a estos de principios del proceso agrario, como lo es la itinerancia. También se evaluará la conveniencia de posibles mejoras del Código Procesal Agrario, cuya entrada en vigencia ha sido demorada, precisamente, con el fin de que el texto legal sea revisado, mientras se establecen las partidas presupuestarias necesarias para su implementación; 2. Una propuesta de guía de consulta para los órganos jurisdiccionales que deban resolver sobre conflictos de competencia entre sí, así como para las personas litigantes o defensoras que requieran conocer sobre los criterios imperantes para decidir dónde debe radicarse el conocimiento de un proceso en el que participan o participarán.